DERECHO BANCARIO. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y ADHERENTES [2021]

El auge de los procedimientos de derecho bancario (hipoteca multidivisa, cláusula suelo, gastos de hipoteca, …) ha puesto de moda el concepto de consumidor. Vamos a analizar la condición de consumidor, relacionado con su protección en el ámbito del derecho bancario, así como la protección de las Pymes y empresas que no son consumidores.

(Actualizado, noviembre 2021)

El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, identifica a los consumidores con las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Igualmente, son consumidores aquellas personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

En el ámbito del derecho bancario, cualquier persona física que firma un contrato con un banco, con un propósito ajeno a su actividad, es considerado consumidor.

Las leyes regulan unas concretas garantías para los consumidores, si bien la ley protege a cualquiera que contrate un servicio bancario, aunque no sea consumidor. Los adherentes o no consumidores también cuentan con una protección jurídica.

OBLIGACIONES BANCARIAS. CONSUMIDORES Y ADHERENTES

Partimos de la base que, cuando un consumidor o cliente bancario contrata un producto con una entidad bancaria, se encuentra ante un desequilibrio informativo.

No parece discutible que, por regla general, los bancos tienen un conocimiento mucho más amplio en relación con cualquier producto bancario que comercializan que las personas que acuden a contratarlos.

Las entidades bancarias están obligadas a explicar los riesgos de los productos que comercializan a cualquier persona, sea o no consumidor. Esta obligación se encuentra recogida, con carácter genérico, en el principio de buena fe negocial.

Los bancos se dedican a vender productos bancarios, y evidentemente están interesados en vender el mayor número de productos. En líneas generales, esta vertiente del derecho bancario regula que los bancos cumplan la normativa, en concreto, explicar a los clientes qué productos contratan y qué riesgos concretos tienen.

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES

La Ley de Consumidores establece una serie de controles cualificados de información y transparencia. Estos controles cualificados, recogidos en la ley de consumidores y en la normativa comunitaria, solo resultan de aplicación directa a los consumidores.

El incumplimiento de estos deberes legales por parte de las entidades bancarias conlleva la declaración de nulidad de las cláusulas que no cumplan estos deberes, no pudiendo tener efectos para los consumidores.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 20 de septiembre de 2018, en interpretación de la directiva europea de consumidores, integrada en nuestra Ley de Consumidores, dispone que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar una decisión fundada y prudente.

Así, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2021, que resuelve un procedimiento de hipoteca multidivisa, recoge la interpretación realizada por el Tribunal Europeo, recordando la importancia que para el cumplimiento de la exigencia de transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar.

PROTECCIÓN DE ADHERENTES O NO CONSUMIDORES

El sentido común parece indicar que, si existe un deber genérico de buena fe en los contratos, y existe de base un desequilibrio informativo entre el cliente y la entidad bancaria, los mismos derechos que asisten a los consumidores debieran proteger a cualquier cliente bancario.

La Ley de Condiciones Generales de la Contratación establece una protección muy similar para aquellos clientes bancarios que no tienen la consideración legal de consumidores.

La realidad es que los Juzgados y Tribunales, cuando no nos encontramos ante consumidores, suelen establecer controles mucho más simples a los contratos bancarios, desatendiendo en mi modesta opinión, lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

En la mayoría de supuestos, simplifican en extremo los controles bancarios, limitándolos a que se explique muy vagamente el producto que se contrata, sin permitir a quién lo firma, con la mera lectura de los documentos que le entregan, comprender los riesgos reales del producto bancario.

El Tribunal Supremo ya ha dado algunos pasos para defender a los clientes bancarios que no son consumidores. En su Sentencia 168/2020, de 11 de marzo, el Tribunal declaró nula una cláusula suelo inserta en una escritura de préstamo hipotecario firmada por un no consumidor.

En esta Sentencia, El Tribunal Supremo dice que no es correcto afirmar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo limite el control de incorporación que exige la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, a la comprensibilidad real.

El adherente o no consumidor, debe tener la oportunidad real de conocer la cláusula al tiempo de celebrarse el contrato. Lo que lo equipara a un control de conocimiento y comprensión de la cláusula.

Ya la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia 124/2018, indicó que solo con fundamento en el deber de buena fe contractual, sería exigible el deber de información precontractual bancario.

CONCLUSIONES. DERECHO BANCARIO

El derecho bancario se encuentra en constante evolución. Queda mucho camino por recorren en cuanto a la protección de clientes bancarios que no son considerados consumidores.

Si has contratado un producto bancario, con independencia de que seas consumidor, puedes contactarme para que analice tu caso concreto y pueda darte una opinión jurídica basada en mi experiencia en este tipo de procedimientos judiciales.

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Mi despacho profesional se encuentra en Madrid, aunque celebro juicios relacionados con derecho bancario en todo el territorio nacional. Podemos concertar una cita presencial en mi despacho, o por medios telemáticos.